La Generalitat mantiene la concesión, en vigor desde el 1 de enero
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
El Govern ha anunciado este jueves que recurrirá judicialmente la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que ha considerado que la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona debería suspenderse, al considerar que "las cosas se hicieron bien" durante el concurso público.
En rueda de prensa tras el Consell Executiu, el portavoz y consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha destacado la "plena confianza" de la Generalitat en los funcionarios de las consejerías de Economía y Conocimiento y de Territorio y Sostenibilidad que diseñaron el proceso y, también, en la mesa de contratación que decidió asignar la concesión a Acciona en detrimento de Agbar.
Homs ha evidenciado que existe una "discrepancia de apreciación" entre el Govern y el OARCC –organismo independiente adscrito a la Generalitat para supervisar la contratación pública y que empezó a operar en julio–, aunque ha negado que ello suponga una mayor inseguridad jurídica para futuras inversiones ya que, a su parecer, demuestra el buen funcionamiento de los mecanismos de control que ejercen su actividad de forma transparente.
El consejero ha reconocido que la resolución pone fin a la vía administrativa y es directamente "ejecutiva", por lo que, en caso de no presentar recurso, debería hacerse efectiva de inmediato, si bien la misma resolución también establece un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
De este modo, Acciona seguirá operando la ATLL como viene haciendo desde el 1 de enero hasta que no haya un fallo judicial al respecto, después de que haya hecho efectivo el primer pago de 298,6 millones de euros con la firma del contrato el 27 de diciembre.
La concesión de la ATLL permitirá ingresar al Govern otros 700 millones de euros durante los próximos 50 años, aunque el Gobierno ha autorizado a contabilizar en el ejercicio de 2012 los 1.000 millones totales, una operación que junto con la privatización de Tabasa y Túnel del Cadí permite a Cataluña cumplir con el objetivo de déficit del 1,5%.
"Tenemos el convencimiento de que el trabajo se ha hecho bien por parte de todos", ha insistido Homs respecto a la resolución del OARCC, en una comparecencia en la que también ha asegurado que se atenderán las peticiones de comparecencia en el Parlament realizadas este mismo jueves por PSC, PP, ICV-EUiA y C's para explicar el proceso.
Homs ha precisado que la decisión política sobre la concesión se ha centrado tan solo en el inicio de la privatización, ideada para cuadrar los presupuestos y "no tener que hacer tantos recortes", y ha defendido que sea el juez quien aclare el alcance de la resolución.
PLAZO DE OBRAS
El OARCC, que ha estudiado un recurso de Agbar, considera que Acciona no respetaba lo establecido en las condiciones del pliego de cláusulas, que obligaba a realizar una serie de actuaciones en un plazo de diez años, lo que permitía de este modo realizar una oferta económica mejor.
Por ello, considera que valorar la oferta de Acciona, cuando no respeta lo que 'a priori' son las condiciones, "vulnera los principios de igualdad, no discriminación y competencia".
Acciona, por su parte, ha mostrado su disconformidad con la resolución, ha subrayado que su oferta "cumple escrupulosamente" con las condiciones del concurso, ha puntualizado que el contrato firmado es válido y sigue plenamente vigente y ha avanzado que, en caso de resultar excluida, reclamará que el Govern le devuelva los 300 millones de euros de forma inmediata además de estudiar si pide una compensación por daños y perjuicios.
