MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Así lo plantearon el director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña; la directora del departamento Sociolaboral de CEPYME, Teresa Díaz de Terán; y el director gerente de AMAT, Pablo Sanz, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso para opinar sobre el proyecto de ley de Mutuas.
Según las actas de las intervenciones, que recoge Europa Press, García Viña propuso que el 50% de los excedentes y fondos de contingencias profesionales se destinen a reducir cotizaciones empresariales, el 30% al patrimonio histórico y las reservas complementarias de las mutuas, y el 20% restante a la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales y a un nuevo mecanismo de bonus-malus para premiar o castigar las medidas de las empresas en dicha materia.
Con esta posibilidad coincide también Díaz de Terán, que planteó que se mantenga el Fondo de Prevención y Rehabilitación de las mutuas para reducir cotizaciones por accidentes. "Los excedentes obtenidos deberían repercutir tanto en las empresas, a través de una disminución de las cotizaciones empresariales, como en las propias mutuas, mediante dotaciones del patrimonio histórico", indicó.
AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN
Los responsables de ambas patronales también coinciden en exigir al Ejecutivo que garantice "plena autonomía" a las mutuas, tanto en materia de gestión y gobierno como en el ámbito presupuestario. "La Administración debe controlarlas, debe tutelarlas, pero dirigirlas las ha de dirigir la Junta General", señaló García Viña.
A su juicio, el proyecto debería introducir "elementos claros de transparencia y buen gobierno" con medidas como limitar los mandatos, clarificar las cuantías que se perciben y en qué régimen, aclarar el régimen de responsabilidades y de incompatibilidades o incorporar a las organizaciones patronales a las juntas directivas, entre otras.
Para la directora Sociolaboral de CEPYME el "aumento de la intervención de la Administración" va "en contra de su eficiencia" y atenta contra la naturaleza jurídica privada de estas entidades, y debería sustituirse por una "mayor representatividad" de las empresas asociadas en la Junta Directiva.
"La administración y gestión del patrimonio histórico debe competer única y exclusivamente a los órganos de gobierno de cada mutua, y su régimen económico debería gozar también de mayor autonomía. Parece contradictoria la insistencia del proyecto en la responsabilidad mancomunada de los empresarios ante circunstancias adversas o insuficiencia financiera, mientras que en caso de eficiencia en la gestión, con solvencia financiera, no se contempla esa misma participación en esos resultados", insiste Díaz de Terán.
ABSENTISMO LABORAL
Con respecto al nuevo papel que las mutuas jugarán en la gestión de las incapacidades temporales (IT), García Viña reconoció su "ligera duda" sobre si el sistema "será todo lo eficiente que se espera" y rechazó el uso "socialmente aceptado" que se hace en ocasiones de este tipo de bajas para atender problemas sociales a los que la Administración no da respuesta, como enfermedades del cónyuge o de algún hijo.
"No decimos que no se atiendan (esas circunstancias), sino sencillamente que queremos dedicar las cuestiones contributivas de la Seguridad Social para una determinada cuestión, porque si no el sistema no se sostiene. Esas realidades no deberían ser solventadas con la prestación pública contributiva de incapacidad temporal de la Seguridad Social, para eso deberían buscarse otros mecanismos", insiste.
A este respecto, Díaz de Terán valoró las "mejoras" que se introducen con el proyecto de ley y destacó que la intención de los empresarios no es acusar a los trabajadores de no querer trabajar o de engañar cuando necesitan cogerse una baja.
"El trabajador, cuando está bien, quiere ir a trabajar. Nadie está intentando estar encima de él. Estas mejoras en los procesos van en beneficio de la empresa, en beneficio del trabajador que se quiere incorporar porque se encuentra bien y no hay nada mejor que trabajar cuando te gusta tu trabajo y cuando estás en condiciones, y también en beneficio de la Seguridad Social", añadió.
PUBLIFICACIÓN DE LAS MUTUAS
Finalmente, Pablo Sanz reclamó directamente la retirada del proyecto de ley o, "al menos, introducir las modificaciones oportunas en cuestiones imprescindibles" para garantizar la independencia y autonomía de las mutuas. De hecho, llegó incluso a emplazar a los diputados 'populares' a "volver al año 2011, cuando estaban más centrados" y sus planteamientos coincidían más con los de AMAT.
En concreto, reclamó que las retribuciones del personal se regulen "única y exclusivamente" por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos de aplicación como entidades privadas que son, y que los sueldos de los altos cargos los fije la junta directiva, con un límite máximo "referenciado al establecido para los máximos responsables de las sociedades mercantiles estatales", y siempre con una implantación paulatina que "respete los derechos adquiridos".
Asimismo, la asociación de mutuas exige que se les permita "competir" realizando "actuaciones de captación y fidelización de empresas" aunque introduciendo un mecanismo "transparente de incentivos que premie la buena gestión". Y se plantea "revisar y simplificar" el régimen de incompatibilidades, y limitarse a aplicar la Ley de Contratos y la Ley Reguladora de Conflictos de Intereses en sus términos actuales, y no con castigos mayores específicos para las mutuas.
En cuanto al régimen económico propuesto en el proyecto de ley es "absolutamente desincentivador" para Sanz, que ve "inconcebible que los resultados positivos vayan a parar al Estado y las pérdidas las terminen cargando contra los empresarios asociados y las mutuas". Por eso, propone una "especie de coaseguro" como el que ya existe para la prestación por cese de actividad que cubra "eventuales insuficiencias financieras de la incapacidad temporal por contingencias comunes".
Y sobre transparencia, reclaman que se queden en "el ámbito interno" y proponen poder pedir auditorías externas y que las juntas directivas y los directores deban informar a las juntas generales de todas las dotaciones y disposiciones del patrimonio histórico.
En cualquier caso, la principal crítica para la patronal de las mutuas es que esta ley "profundice en la publificación" y la "absoluta limitación de su autonomía gestora y de gobierno" pese a que en sus más de cien años de historia han prestado un "servicio excelente y ejemplar" y se han convertido en "el mejor modelo de éxito de colaboración público-privada".
"Las mutuas están siendo arrastradas desde una naturaleza netamente privada hacia la adscripción al sector público estatal de carácter administrativo. Este alto grado de intervencionismo está poniendo en grave riesgo el éxito del modelo. Si lo que se quiere es mantener una participación efectiva y responsable del sector empresarial, sólo puede entenderse bajo una gestión autónoma y diferenciada de la atribuida a la Administración", añade el director gerente de AMAT.
Con respecto a la IT, Sanz cree que sólo se "legaliza" el control desde el primer día, que de facto ya se aplicaba, y cree que la gestión "mejorará algo" con el nuevo sistema, que sin embargo no satisface todas sus pretensiones, que pasaban por tener autoridad para dar el alta, no a "ningún trabajador que no esté en las condiciones adecuadas" sino a quienes no hacen un uso debido de esta prestación.
