Queda fuera de toda duda que son cada día más las empresas que adoptan en su gestión criterios de actuación responsable, creando incluso departamentos dedicados a RSC, en un intento de implantar de manera armoniosa un modelo de gestión que no se limite a cumplir las normas que por imperativo legal se le exigen a toda persona jurídica situándose, por tanto, en un estado más avanzado no exigible legalmente y extendiendo sus acciones también a políticas sociales que repercutan positivamente sobre el conjunto de la comunidad.

La RSC, entendida como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores es de aparición ciertamente reciente en la mayoría de los países de la Unión Europea, si bien es cierto que en algunos países miembros se cuenta con una importante tradición en RSC (véase Dinamarca o Irlanda). No obstante, las instituciones comunitarias conscientes de la gran importancia de esta materia, tomaron la iniciativa en el año 2001 con la publicación del Libro Verde para “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” iniciando con ello un período de consultas con empresas, sindicatos y agentes interesados (stakeholders) que culminaron con la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo de 2006, en la cual se arrojaron una serie de conclusiones sobre cómo se deberían ir desarrollando las políticas públicas en RSC.

Siguiendo esta tendencia, desde España también se ha querido estudiar, fomentar e impulsar la RSC, cobrando especial relevancia, a nivel nacional, tres actuaciones: la creación del Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Informe de la Subcomisión Parlamentaria en RSC y el Documento Público elaborado por la Dirección General de la Economía Social, de Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo en el que se marcan las pautas futuras de las políticas públicas de fomento y desarrollo de la RSC en España, configurándose por tanto, como un documento de gran importancia práctica.

En primer lugar, se debe destacar como, en consonancia con las propuestas elaboradas por la Comisión durante estos últimos 6 años, se reconoce en el Documento que la RSC, aún debiendo gozar de un carácter voluntario en su adopción, no debe ser considerada como algo que radique y dependa del sector privado en su totalidad sino que debe ser fomentado especialmente por las Administraciones Públicas e indudablemente, debe ser integrado en sus sistemas de gestión y relaciones con terceros. Partiendo de esta base, se trazan un conjunto de premisas que deberían regir las políticas públicas en RSC y que podemos englobar en grandes rasgos en tres grupos: la promoción, sensibilización y educación en RSC, la importancia de esta materia en las PYME y la promoción de la creación del Consejo Estatal de RSC.

Una de las más importantes prioridades que se marcan, es la de dar a conocer el concepto de RSC entre las empresas y especialmente entre las PYME. Así, si bien es cierto que nos encontramos ante una materia cada vez más extendida, la realidad es que no existe un conocimiento suficiente sobre lo que la RSC entraña. Resulta por tanto necesaria la labor de información y sensibilización para acercar y fomentar este concepto a la empresa. Estrechamente vinculado con esta labor de información y sensibilización, es la propuesta de incorporar la formación en RSC, no únicamente a los que ya forman parte integrante de las empresas (i.e.: Directivos, trabajadores y sus representantes) sino como una asignatura en las enseñanzas universitarias relacionadas con la economía, dirección y administración de empresas, etc que permita dotar a los futuros administradores y directivos de compañías de un conocimiento básico que podría facilitar sobremanera la correcta implantación de la RSC. Asimismo, medidas como la investigación sobre la RSC y el intercambio de buenas prácticas y experiencias entre empresas contribuiría sin duda a la consolidar aquélla en el ámbito empresarial. Otro de los objetivos principales de las políticas en RSC durante los próximos años, será el fomentar de una manera especial la RSC en las PYME. Esto es así porque éstas representan a la gran mayoría de las empresas existentes en Europa y, por su propia naturaleza, se precisa de un apoyo más específico por parte de organismos y autoridades públicas. De esta manera, se apuesta por apoyar a las PYME en el desarrollo de procesos de RSC adaptados a sus concretas necesidades informando, incentivando y ayudando a resolver posibles problemas derivados de su implementación.

En tercer lugar, destaca especialmente la promoción por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en relación con las conclusiones del anteriormente citado Foro de Expertos, de la creación del Consejo Estatal de RSC. Este Consejo debería actuar como un órgano colegiado, asesor y consultivo del Gobierno, encargado de impulsar y fomentar las políticas de RSC. Entendemos que la creación de un Consejo de estas características conllevaría una cierta consolidación de la RSC en nuestro país ya que se pasaría a contar con un órgano de impulso y fomento de la RSC de carácter permanente en el que participarían activamente representaciones de todos los sectores interesados. De igual manera, atribuiría una cierta uniformidad a las políticas desarrolladas por las diversas Administraciones Públicas en los distintos niveles territoriales, de la cual se carece en estos momentos.

Así, podemos concluir expresando como los pasos que desde nuestro país se están dando en materia de RSC parecen muy positivos, siguiendo fundamentalmente la línea trazada por las instituciones comunitarias y que descansan en fomentar esta materia de la forma que a día de hoy entendemos como la más adecuada, es decir, a través de políticas de información, educación e incentivo, especialmente en el ámbito de las PYME.